La Fiscalía General de la República tiene abiertas 5 mil carpetas de investigación por ciberdelitos, especialmente por ataques a sistemas de cómputo y redes gubernamentales, de empresas, bancos y particulares vulnerados desde hospedajes cibernéticos en todo el mundo. Destacan los casos de intentos por vulnerar a Petróleos Mexicanos (Pemex), las secretarías de Economía y Turismo, y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuyos expedientes siguen abiertos y en investigación.
Los ciberdelitos crecieron un 30 por ciento durante la pandemia de Covid-19, lo cual reportó un incremento de 16 por ciento en investigaciones contra este tipo de crimen al interior del país. Actualmente, en la Fiscalía General de la República hay 5 mil carpetas de investigación abiertas, y fue necesario el intercambio de información internacional, explica el titular del Centro de Comunicaciones de la FGR, Rolando Rosas Camacho. Se trata de ataques a sistemas de cómputo y redes gubernamentales, de empresas, bancos y particulares vulnerados desde hospedajes cibernéticos en todo el mundo.
Aclara que la ciberdefensa y los temas relacionados a ésta los atiende directamente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Añade que “se sabe de algunos gobiernos, no está acreditado ni demostrado, [pero] se tiene la sospecha de que hay gobiernos que hacen ataques de malwere para algún beneficio”.
El funcionario de la Fiscalía resalta la importancia de la colaboración internacional y con agencias de justicia, principalmente de Estados Unidos, donde siguen muchos temas y aristas para reportarlas a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Asegura que México tiene suficientes mecanismos de justicia y seguridad para solventar los ciberataques. “En la FGR incrementamos capacidades, los vínculos, protocolos, asociaciones, proveedores de servicios digitales que nos ayudan a mejorar estos resultados, en coordinación con la Sedena, Marina, Guardia Nacional, el CNI [Centro Nacional de Inteligencia]”.
Considera que la Ley sobre Ciberseguridad que discute el Congreso será perfectible: “tal vez no es la mejor para todo mundo, pero va acorde a las necesidades del país, y consensuado con los principales colaboradores y protagonistas del tema”.
El maestro Rosas Camacho indica que las instancias de justicia del fuero local y federal sí tienen la suficiente capacidad para investigar estos delitos, pero hay que tomar en cuenta que son muchísimas conductas delictivas que implican al ciberespacio.
Asimismo, subraya que esta dinámica “coloca a México como el primer lugar en la producción y consumo de pornografía infantil, y figura entre las principales naciones donde se opera la trata de personas y la explotación sexual”.
Agrega que es motivo de investigación la afectación de la persona y, al mismo tiempo, de su patrimonio; y lo mismo sucede en el tema del fuero federal, por lo cual la afectación al sistema mexicano es digno de que el Estado realice una investigación a profundidad.
Ataques cibernéticos en el país
México se ubica en el sitio siete de los países con más ataques cibernéticos en el mundo, indica la doctora Cynthia Solís Arredondo –experta en derecho privado y ciencias criminales por la Universidad de París– con base en datos del más reciente informe del FBI (Buró Federal de Investigación estadunidense).
“En Latinoamérica somos el número uno en ataques cibernéticos. Llevamos cinco años entre Brasil y México, pero hoy somos el número uno y aún no se evalúa cual es la respuesta real al problema”, asegura en entrevista. Además, indica que recientemente se ha disparado la suplantación de identidad, delito del que se desprenden o vinculan otros, como el fraude, extorsión, clonación, reclutamiento de trabajo y sustracción de activos.
La especialista detalla que las conductas prevalentes son: fraude y robo de identidad, así como pornografía infantil, turismo sexual infantil y trata de personas. Indica “que la evidencia digital es muy sensible sobre todo en delitos de país a país. Hay muchos acuerdos internacionales. México no se ha incorporado en 20 años al Acuerdo de Budapest, pero eso no significa que estemos sin sostener otros convenios que nos permitan trabajar de manera correcta a nivel internacional. Porque si no lo hacemos bien en la cadena de custodia y con el debido proceso, entonces por un tema de formalidades los delincuentes no son procesados”.
Al respecto, la doctora Cynthia Solís Arredondo asegura que los delincuentes se aprovechan de lo masivo de los dispositivos. Añade que la ciberseguridad no sólo es la parte técnica, sino sobre todo son buenas prácticas y una legislación firme. Cuando las empresas son víctimas descubren que no cuentan con protocolos de seguridad, o ante los ataques de los monta-deudas, la familia borra los mensajes por miedo.
“El desconocimiento provoca que en la práctica no se pueda localizar a los delincuentes. Sabemos que la legislación no está homologada. Las carpetas de investigación viajan del fuero federal al local”, estima.
Solís Arredondo destaca que sí existe legislación aplicable en México, aunque se tiene la idea de que internet es tierra de nadie y se puede hacer lo que se quiera. Asimismo, subraya la noción errónea de anonimato: Facebook, Instagram y demás redes sociales son rastreables.
Respecto de la sociedad mexicana, considera que es altamente vulnerable porque “somos muy confiados. No desconfiamos del link que nos mandan, no corroboramos que sea real. Coadyuvamos a la infracción administrativa o a un ilícito civil”.

En la génesis del problema, también advierte que la economía del mundo ya se trasladó a medios electrónicos y el delincuente sigue el dinero y cualquier persona puede ser víctima de un ciberdelito, y el problema es que no todos denuncian. Se calcula, indica, que sólo un 10 por ciento de quienes denuncian tienen que ver con conductas informáticas.
“Hay dos factores de por qué esas estadísticas no son confiables: la cifra real es mucho mayor y segundo, cuando llegan a conocimiento del ministerio público, este no lo clasifica como un delito informático, o no se le da seguimiento al momento de plasmarlo en estadística”. Los delitos informáticos tienen un crecimiento altísimo, sólo la suplantación de identidad está en un 400 por ciento anual sostenido desde 2015, y cada vez hay más víctimas, indica.
La experta propone incluir en la Ley General de Ciberseguridad la creación de alguna agencia que conjunte todos los esfuerzos y se termine con la dispersión de entes que atienden los ciberdelitos. “Tenemos 32 policías cibernéticas en México más la admisión científica de la Guardia Nacional, más lo que hace Marina y Sedena. Trabajo hay, pero son esfuerzos dispersos. Valdría la pena trabajar en la creación de un organismo nacional que conjunte todos estos esfuerzos. Lo deseable sería un mando civil especializado que orqueste todos los esfuerzos sociales, civiles, navales y militares. Esta, tendría que atacar los sofisticados modos de operar de la delincuencia, los mecanismos para evadir el rastreo”.